La Provincia da por terminado el contrato con Profand después de apenas un mes y devuelve la planta a Red Chamber en medio de un caos administrativo, judicial y sindical. Paro desde la medianoche y una sensación generalizada: esto ya es un escándalo institucional de proporciones.
Lo que ocurrió hoy con la ex Alpesca no es una decisión administrativa más: es, directamente, un papelón institucional que expone la improvisación y el desgobierno que atraviesa la política pesquera de Chubut.
Una resolución oficial firmada por el secretario de Pesca, Arbeletche, reconoce —sin rodeos— que el contrato con Profand terminó a un mes de haber comenzado. Y ordena que Red Chamber retome la explotación de la planta. Todo a horas del inicio de la temporada.
El propio texto del Gobierno admite que Red Chamber no tiene habilitaciones, que no hubo tiempo administrativo para preparar nada, que no están dadas las condiciones mínimas para operar, y que la continuidad laboral está en riesgo. Lo dice la Provincia, no la oposición ni los gremios.
El panorama es tan desprolijo que todos los gremios marítimos lanzaron un paro total desde las 00, y el Ejecutivo tuvo que salir a improvisar una reunión de urgencia para el sábado a las 11.
A esta altura, lo que domina la escena es la incertidumbre absoluta. Contratos que duran 30 días. Fallos judiciales exprés. Empresas que entran y salen sin explicaciones claras. Versiones de pasillo, internas, presiones, intereses cruzados, y un Estado que parece correr atrás de los hechos sin la menor capacidad de conducción.
La pregunta que muchos ya se hacen es simple y directa:
¿Quién conduce la política pesquera de Chubut?
Porque lo de hoy dejó en evidencia que el timón está suelto.
Cuando decisiones de semejante impacto se toman sin planificación, sin transparencia y sin control, el resultado es este: un estallido político, gremial e institucional que pone en riesgo no solo la temporada, sino la paz social y la credibilidad del Gobierno.
Si la Provincia no explica con claridad qué hizo, por qué lo hizo, quién lo decidió y bajo qué criterios, la situación va a escalar. Y si nadie asume responsabilidades por este nivel de desmanejo, será la propia gestión la que quedará en cuestión.
Hay momentos en que un Gobierno debe hacerse cargo. Y este es uno.
Un escándalo así no es un error más: es un síntoma de que algo está profundamente fallado en la conducción de la Provincia. Y cuando la desprolijidad llega a este punto, cuando la improvisación se vuelve regla y no excepción, las renuncias dejan de ser una consigna política para convertirse en un deber institucional.
