El cierre de accesos a miradores y sitios de interés turístico en Península Valdés, dispuesto en los últimos días por la familia Ferro, propietaria de los campos, volvió a poner en debate un tema sensible y de larga data en la comarca: el uso público de espacios consolidados dentro de un área natural protegida, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera.
Desde distintos sectores vinculados al turismo, la conservación y el derecho ambiental coinciden en señalar que no se trata de un conflicto entre privados, sino de un avasallamiento de espacios de uso público tradicional, con antecedentes legales y administrativos que respaldan su apertura.
Así lo expresó la ex ministra de Turismo de Chubut y ex secretaria de Turismo de Puerto Madryn, Cecilia Torrejón, quien sostuvo que los miradores de Caleta Valdés y la pingüinera “no son materia de discusión” y que la autoridad de aplicación debería haber actuado de manera inmediata.
“Esto no es un conflicto: los guardafaunas tendrían que haber ido y retirado el cierre. Es un lugar de uso público, con más de 25 años de acceso continuo, obras del Estado y custodia oficial”, afirmó.
Torrejón recordó que, a lo largo de los años, el turismo responsable continuó desarrollándose en esos puntos con acuerdos históricos entre el Estado y los propietarios, aun cuando otras actividades fueron restringidas por los planes de manejo. En ese marco, advirtió que el cierre impacta directamente en agencias, guías y visitantes que compran excursiones con meses de anticipación, incluidos cruceros y contingentes internacionales.
La entrevista completa del periodista Gustavo Huentelaf por Radio Patagonia con le Licenciada Cecilia Torrejón (AUDIO)
ANTECEDENTES LEGALES Y ROL DEL ESTADO
En la misma línea se pronunció el abogado Daniel Gómez Lozano, quien remarcó que el acceso a estos sitios es público no por una declaración formal, sino por el ejercicio efectivo y sostenido del uso público.
“El Estado invirtió dinero público en estacionamientos, senderos, cartelería e infraestructura. Hay agencias que llevan turistas, hay caminos consolidados. Eso le da al lugar carácter público por su propia naturaleza”, explicó.
Gómez Lozano comparó la situación con las rutas internas de Península Valdés, que nunca fueron expropiadas formalmente pero son públicas por su uso histórico, y recordó el fallo del Superior Tribunal de Justicia en el caso Bahía Cracker, donde se ordenó abrir un acceso costero cerrado con candado.
Según el abogado, si un propietario considera que se produjo una afectación a su derecho de propiedad, la vía legal es la expropiación inversa, y no el cierre unilateral. “Cerrar manu militari un acceso público es un acto ilegítimo”, subrayó. (AUDIO)
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL QUE SE REPITE
Ambos entrevistados coincidieron en que la falta de acción del Estado termina fortaleciendo posiciones abusivas, como ocurrió en otros puntos de la Península, entre ellos Pardelas y Larralde, donde los planes de manejo preveían acuerdos que nunca se implementaron.
El cierre de accesos, además, profundiza la concentración de visitantes en pocos puntos habilitados, como Playa Paraná o Puerto Pirámides, generando saturación, problemas de capacidad de carga y riesgos ambientales.
Desde el sector turístico y organizaciones vinculadas al acceso público advierten que ceder ante reclamos económicos por espacios consolidados sentaría un precedente grave, incompatible con el estatus internacional de Península Valdés.
En ese contexto, se reclama una decisión política clara, que garantice el acceso público a los sitios históricos, active los mecanismos legales disponibles y evite que un conflicto evitable escale a instancias judiciales.
