Mientras el Ejecutivo provincial impulsa un proyecto de ley que amplía permisos de pesca para la flota amarilla, crecen las tensiones por la administración de los bienes de la ex empresa pesquera y por las denuncias de presunto pedido de soborno a Red Chamber.
La empresa Pesquera Deseado S.A.U., perteneciente al grupo español Profand, remitió una nota formal a la Secretaría de Pesca del Chubut y al Comité de Administración de Alpesca solicitando la entrega inmediata de los buques y activos comprendidos en el Contrato de Arrendamiento con Opción de Compra firmado el 30 de septiembre de 2025.
El escrito, firmado por el apoderado Roberto Crespo Allegue, exige que la compañía reciba la posesión pacífica, efectiva y libre de ocupantes de los bienes que integran el patrimonio de la ex Alpesca S.A., incluyendo los buques Promarsa I, Promarsa III y Cabo Vírgenes, con sus respectivos permisos y cuotas de pesca.
Según el documento, el retraso en la entrega de estos activos “impacta directamente en la operatividad y sostenibilidad económica de la unidad de negocio”, comprometiendo la continuidad productiva y “poniendo en serio riesgo la posibilidad de cumplimentar las obligaciones asumidas” en el acuerdo.
La compañía, que fijó domicilio especial en Puerto Madryn en el estudio jurídico González Lernoud, Iglesias & Pedotti, intimó al Comité de Administración “a proceder sin más dilaciones a la formalización de la entrega de posesión de los buques y activos indicados”.
En simultáneo, se conoció que el Poder Ejecutivo del Chubut envió a la Legislatura un proyecto de ley (N° 13.125) que propone ampliar transitoriamente de 40 a 42 los permisos de pesca para la flota amarilla —barcos de hasta 21 metros de eslora— exclusivamente para la temporada 2025/2026.
El texto, firmado por el secretario de Pesca Andrés Arbeletche y el ministro de Gobierno Victorio Eraso Parodi, sostiene que la medida busca “elevar la cantidad de permisos” sin afectar la sustentabilidad del recurso langostino.
En el sector pesquero, sin embargo, la iniciativa fue interpretada como un movimiento para habilitar dos nuevos permisos de pesca que serían destinados al proyecto de instalación de Red Chamber en la subzona franca de Trelew, tema que desató controversias y nuevas sospechas luego de que medios de Estados Unidos y de la prensa nacional difundieran versiones sobre un presunto pedido de dinero a título de soborno formulado a Red Chamber, a cambio de permitirle continuar operando la planta de la ex Alpesca.
Hasta el momento, el Gobierno del Chubut no ha emitido ninguna comunicación oficial ni sobre el reclamo de Profand ni sobre las versiones que vinculan la ampliación de permisos con el conflicto empresarial.
