Las recientes declaraciones de la presidenta del Concejo Deliberante de Puerto Pirámides, descalificando la nota publicada sobre el riesgo que enfrenta el estatus de Península Valdés como Patrimonio de la Humanidad, ameritan una respuesta basada en hechos.
Calificar como “alarmante” y “carente de veracidad” una investigación que se sostiene en fuentes calificadas y documentación técnica no solo desconoce la realidad, sino que contribuye al negacionismo ambiental.
Desde hace años, organismos internacionales —incluida la propia UNESCO— alertan sobre uno de los puntos más sensibles para la continuidad del sitio como Patrimonio Mundial: el descontrolado crecimiento urbano de Puerto Pirámides. No se trata de una opinión periodística ni de una percepción subjetiva: está documentado en los informes de monitoreo quinquenales que exige el estatus de conservación.
Buena parte de este proceso se remonta al cambio de estatus institucional de la localidad, cuando dejó de ser comuna rural para convertirse en comisión de fomento. Lejos de tratarse de una mejora en la gestión territorial, significó una pérdida de control provincial que jamás fue compensada con herramientas locales eficaces.
De hecho, la ley que habilitó ese cambio —impulsado por un diputado de Puerto Madryn– establece en sus artículos 2 y 3 que cualquier decisión sobre construcciones u ordenamiento en Pirámides debe pasar por la autoridad de aplicación provincial. Esa obligación fue sistemáticamente ignorada.
En paralelo, la realidad muestra un modelo de ocupación del suelo completamente desregulado: subdivisiones informales, viviendas reconvertidas en alojamientos turísticos sin infraestructura adecuada, colapso de servicios básicos como el tratamiento de efluentes, y una planta desalinizadora que nunca estuvo a la altura de la demanda.
El impacto no es menor: ocurre en el corazón de un área protegida reconocida a nivel mundial.
Lo más llamativo es que quienes hoy intentan silenciar estas advertencias han tenido, durante los últimos veinte años, acceso directo a las decisiones que hoy se critican. Quienes hoy pretenden descalificar mi publicación no son ajenos al proceso: ocuparon cargos de relevancia en la gestión ambiental y política local y provincial, desde la secretaría de Ambiente hasta la Intendencia y la Legislatura. No es posible, a esta altura, asumir el rol de espectadores inocentes.
También resulta preocupante la forma en que se está llevando adelante la modificación del Plan de Manejo de Península Valdés.
Especialistas que participaron de procesos anteriores advierten que se ha vuelto una práctica habitual contratar consultorías para cambiar el plan, sin implementar previamente mecanismos de monitoreo ambiental ni indicadores técnicos que justifiquen esos cambios. En lugar de fortalecer las herramientas existentes, se privilegia una lógica de reformas permanentes sin aplicación real. Todo esto, bajo una opacidad que contradice el espíritu participativo y científico que debería regir en un sitio de valor universal excepcional.
En este contexto, es legítimo —y necesario— preguntarse: ¿cuántas advertencias más hacen falta para que las autoridades locales y provinciales actúen con responsabilidad? ¿Cuánto tiempo más se puede seguir invisibilizando que el desorden actual fue funcional a intereses económicos que se impusieron sobre los criterios de conservación?
Celebro que se convoque a universidades nacionales para aportar soluciones urbanísticas. Pero cabe advertir: ningún plan técnico tendrá impacto si no se reconoce primero la responsabilidad política en el deterioro actual.
El periodismo cumple una función clave cuando señala omisiones graves en la gestión de un patrimonio que es de todos. Descalificar las voces críticas es una estrategia antigua. La verdadera respuesta, si la hay, debería llegar con hechos. No con declaraciones.
